El viernes 28 de abril de 1989 los habitantes del distrito de Molinos, provincia de Jauja, despertaron con un interminable estruendo que cambiaría sus vidas para siempre. No sabían de qué se trataba, pero en pocos segundos no tardaron en percatarse de algo que jamás en sus vidas vieron.
Eran tiempos en que el terrorismo estaba en su apogeo en el país y como consecuencia de ello integrantes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que habían planificado inicialmente tomar la ciudad de Concepción se dirigían a bordo de dos camiones a Tarma y se encontraban a la altura del cerro Puyhuán, jurisdicción de Molinos.
Eran las 4:00 de la mañana, cuando el chofer del camión Ford de placa WP-4367 que iba delante se percató que una patrulla de soldados venía en sentido contrario, lo hacían caminando por ambos lados de la carretera, que para aquel entonces no era asfaltada. Un oficial superior detuvo al vehículo y preguntó al chofer a dónde se dirigía y qué llevaba. Contestó que era carga de papa y que iba a la feria de Huertas, un distrito jaujino, y lo dejó pasar.
Sin embargo, metros más allá el oficial al mando de un segundo contingente de militares, teniente EP Jhonny Morales Rodríguez, detuvo nuevamente al camión. Así fue narrado por Abel Aquino, chofer del segundo vehículo que se encontraba a 50 metros de ellos cuando fue entrevistado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).
El teniente Morales esta vez lo obligó a abrir la puerta trasera. Cuándo ésta fue abierta cayó abatido junto a otros cuatro soldados por una ráfaga de disparos, pues quienes adentro se encontraban eran integrantes del MRTA armados.
Desde ese instante la balacera se extendió por dos horas y el saldo fue 68 fallecidos, de los cuales 58 eran emerretistas, cinco militares y cinco civiles, 26 soldados heridos.
RECLAMO. La representante de los familiares víctimas de este hecho, Guadalupe Hilario Rivas, señaló que el Ministerio Público archivó el caso, sin que los restos de los caídos puedan ser entregados para que le den cristiana sepultura. «Han pasado 35 años y la herida sigue abierta porque no podemos enterrar a nuestros familiares, sus restos están en la morgue», señaló.
El pedido de Hilario Guadalupe es que el caso sea desarchivado para que concluyan con la identificación de los restos y la entrega a sus familiares y para la búsqueda de los desaparecidos, pues ese 28 de abril decenas de soldados arribaron a la zona a bordo de helicópteros e ingresaron a viviendas cercanas y se llevaron a jóvenes y adultos, pobladores de la zona, de quienes nunca más se supo de ellos.
