Pese a la existencia de retraso en los trabajos de mantenimiento periódico y rutinario de 12 kilómetros de caminos vecinales, la Municipalidad Provincial de Chupaca dejó de sancionar a la empresa encargada de esta obra por un total del 104 mil 926 soles.
Así lo detectó la Contraloría General de la República, que realizó un trabajo de control posterior, donde detectó además que son siete los funcionarios de esa comuna quienes no aplicaron las penalidades a la empresa por los retrasos injustificados.
Los funcionarios del periodo de gobierno del alcalde Marco Mendoza que no cumplieron con la aplicación de penalidades son los responsables de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural, el jefe de la Unidad de Logística y Patrimonio, el encargado de la Unidad de Trámite Documentario, el encargado de la oficina de Obras-supervisión y liquidación de obras, así como el supervisor del servicio y el analista técnico.
El Informe Control Específico fue remitido al procurador público especializado en delito de corrupción de funcionarios para el inicio de las acciones legales que correspondan. También fue remitido al titular de la entidad para el deslinde de las responsabilidades administrativas de los involucrados.
Para evitar el cobro de las penalidades, los funcionarios ediles involucrados adulteraron el cuaderno de registro de ingreso de documentos con el fin de acreditar la presentación del primer informe mensual dentro del plazo establecido, a pesar que no habían cumplido con el acervo documentario sobre la ejecución del proyecto vial. También inaplicaron otras penalidades debido a que permitieron que el contratista presentara un falso Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) y SOAT.
La Contraloría detectó además que los miembros del comité de selección no admitieron a nueve postores que cumplían con los términos de referencia de las bases para el “Procedimiento Especial de Selección para la Contratación de Bienes y Servicios para el Mantenimiento Periódico y Rutinario”, y aceptaron a dos empresas postoras que mantenían vínculo de afinidad familiar entre sí, para luego entregar la buena pro a uno de ellos.
La afinidad familiar fue comprobada, pues ambas empresas postoras consignaron en la presentación de la Declaración jurada de micro y pequeña empresa un mismo domicilio, ubicado en la provincia colindante a donde se ejecuta la prestación del servicio de mantenimiento del Tramo 4.
