La llegada de la candidata presidencial Keiko Fujimori al Valle del Mantaro no solo movilizó a simpatizantes y dirigentes políticos. También reactivó el malestar de los transportistas de autos colectivos, quienes exigieron públicamente la desactivación de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), al considerar que esta entidad comete constantes abusos contra los trabajadores del sector.
A través de un comunicado dirigido principalmente al presidente José María Balcázar, al ministro de Transportes, Aldo Prieto, y a los congresistas de la República, la Asociación de Transportistas en Automóviles a Nivel Nacional pidió además la destitución inmediata del superintendente Gulmer Álvarez y del jefe de fiscalización Antonio Carranza, a quienes responsabilizan de acciones arbitrarias durante los operativos de control.
Según denunciaron, los fiscalizadores vienen aplicando actas F1 bajo el argumento de que no cuentan con autorización para prestar servicio público de pasajeros o por supuesta desnaturalización del servicio. Asimismo, cuestionaron la imposición de infracciones T3, pese a que muchos operadores forman parte de empresas de transporte turístico autorizadas por el MTC y cuentan con licencias municipales vigentes.
“Cada uno de nuestros vehículos cuenta con tarjeta de circulación, SOAT y GPS. Además, generamos empleo para restaurantes, mecánicas y otros establecimiento, y somos importantes contribuyentes por el consumo diario de combustible”, señalaron.
En virtud a ello piden la desactivación de la Sutran, debido a que -según indican- no contribuye al desarrollo económico ni fomenta el trabajo formal, pese a que es rol fundamental del Estado.
