El abogado huancaíno Miguel Ángel Páucar Castellanos, presentó ante el Poder Judicial una demanda de «Acción Popular» contra el Decreto Supremo N.º 136-2025-EF, norma mediante la cual se aprobó el aumento de la remuneración de la presidente de la República de 15,600 a 35,568 soles.
La demanda precisa una serie de vulneraciones a la Constitución Política del Perú, principalmente a los artículos 77, 78, 79 y 51, referidos al principio de legalidad del gasto público, la reserva de ley para toda creación o aumento de partidas presupuestales y la supremacía normativa de la Constitución sobre normas administrativas.
“No puede aceptarse que la misma autoridad que ejerce el poder político se asigne un sueldo superior sin que exista una ley del Congreso que lo autorice expresamente”, señala el demandante, quien ha solicitado la nulidad del Decreto Supremo por inconstitucionalidad.
La norma cuestionada fue firmada por la Presidenta Dina Boluarte y refrendada por el Ministro de Economía y Finanzas, y justifica el aumento en base a la Ley del Servicio Civil y al Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) aprobado por SERVIR.
Sin embargo, el demandante afirma que «la Presidencia de la República no forma parte del régimen del Servicio Civil, pues la jefa del Estado es una funcionaria de elección popular cuyo ingreso, permanencia y retribución se rigen únicamente por la Constitución.
El CPE no tiene rango legal, ni puede ser utilizado como herramienta para fijar retribuciones de autoridades políticas elegidas por voto popular. Aunque el decreto alega que el gasto no requiere recursos adicionales al Tesoro Público, eso no exonera la exigencia constitucional de que todo gasto debe estar autorizado por ley expresa.
En la demanda también se desarrollan fundamentos doctrinales y jurisprudenciales del Tribunal Constitucional sobre el control del gasto público, así como principios constitucionales como la legalidad, la racionalidad presupuestaria, la separación de poderes y el control del poder político.
La acción se ha dirigido formalmente contra el Poder Ejecutivo – Presidencia de la República, por haber emitido el decreto supremo y al Ministerio de Economía y Finanzas, por haberlo refrendado y promovido.
“Este no es un tema político, sino de principios constitucionales básicos. Las autoridades no pueden fijarse sus propios sueldos sin control. Esto va contra todo modelo republicano y democrático de gobierno”, concluye la demanda de 36 páginas.
