El alcalde del distrito de Pucacolpa, en la provincia de Huanta, Rogelio Tovar Cuba, cuestionó duramente la versión que vincula a las víctimas del operativo militar en Colcabamba con actividades ilícitas y calificó como “chantaje de los militares” las declaraciones del único sobreviviente ileso.
La autoridad edil, quien llegó hasta Pampas-Tayacaja, en Huancavelica, para acompañar a los familiares de los fallecidos, aseguró que al menos tres de los jóvenes abatidos eran estudiantes, deportistas y agricultores conocidos en su comunidad. “Ellos son jóvenes estudiantes y deportistas, yo conozco a mis jóvenes, son gente que se dedica a la agricultura”, sostuvo ante la prensa local.
En esa línea, rechazó las afirmaciones de Ricardo Acuña Quispe, quien salió ileso del hecho y habría señalado que antes del ataque trasladaron droga. “Siembra patrañas para inculpar a la gente humilde”, respondió el burgomaestre, poniendo en duda la veracidad de ese testimonio.
Mientras tanto, la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tayacaja (Primer Despacho), bajo la dirección de la fiscal Zina Romero Chávez, inició una investigación preliminar contra ocho integrantes del Ejército del Perú y tres civiles por el presunto delito de homicidio calificado, en agravio de cinco personas aún en proceso de identificación.
De acuerdo con las primeras diligencias, el hecho ocurrió el 25 de abril en la carretera Colcabamba–Ayacucho, cuando una patrulla militar intervino una camioneta por un presunto caso de tráfico ilícito de drogas. Según la versión oficial, los ocupantes no acataron la orden de alto, lo que derivó en el uso de armas de fuego por parte de los efectivos.
Los militares investigados fueron identificados como Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova, quienes permanecieron detenidos inicialmente, pero recuperaron su libertad la tarde del lunes tras el vencimiento del plazo de flagrancia.
Durante las diligencias, los implicados fueron sometidos a pericias balísticas y pruebas de absorción atómica, además de la incautación de sus teléfonos celulares y del vehículo intervenido, que presenta múltiples impactos de bala. Las investigaciones continúan con el apoyo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Huanta, en Ayacucho, con el objetivo de esclarecer responsabilidades en el caso.
