El Colegio de Abogados de Junín (CAJ), a través de su decano, Cristhian Enrique Velita Espinoza, presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 32107, norma que regula la aplicación de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
La institución sostiene que esta ley vulnera principios fundamentales del derecho internacional y podría restringir el acceso a la justicia de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos. En su demanda, el gremio cuestiona que la norma establezca que el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional rige en el país únicamente desde julio de 2002, lo que implicaría que los crímenes cometidos con anterioridad a esa fecha no serían imprescriptibles.
Para el CAJ, esta interpretación contradice lo establecido en tratados internacionales y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obligan a los Estados a investigar, juzgar y sancionar este tipo de delitos sin importar el tiempo transcurrido. Asimismo, advierte que la ley afecta la memoria histórica y abre la posibilidad de que crímenes de lesa humanidad cometidos antes del 2002 queden en la impunidad.
El gremio recalca que el principio de imprescriptibilidad constituye una norma imperativa del derecho internacional que no puede ser limitada por disposiciones legales internas. Por ello, solicita al TC declarar fundada la acción presentada y anular los artículos cuestionados de la Ley 32107.
De esta forma, el Colegio de Abogados de Junín busca garantizar que el Estado peruano mantenga su obligación de investigar y sancionar todas las violaciones a los derechos humanos, sin importar la fecha en que ocurrieron, en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por el país.
Cabe señalar, que el 13 de agosto Dina Boluarte promulgó la ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los comités de autodefensa que participaron en acciones contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000.
