A un mes de cumplir dos años de estar prófugo, el exgobernador regional de Huancavelica, Maciste Diaz Abad, podrá salir de la clandestinidad toda vez que la Corte Suprema de Justicia reformuló la sentencia de prisión efectiva que pesaba contra él y la varió por pena suspendida.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema en su recurso de casación N° 3128-2023 revocó la sentencia de primera instancia que condenó a Maciste Diaz, a cuatro de sus exfuncionarios y a una representante de la empresa Connection Trading S.A a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión simple en la compra de más de 8 mil laptops durante su primer periodo como gobernador de Huancavelica.
La decisión de la sala fue revocar la sentencia efectiva por cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida condicionalmente por el plazo de tres años bajo ciertas reglas de conducta. No obstante, junto a sus cosentenciados deberá pagar la reparación civil de 200 mil soles.
La misma decisión fue adoptada para César Altamirano Flores, Aarón Caro Espinoza, Ciro Soldevilla Huamaní, Eduardo Candiotti Munarriz y Carmen Gallardo Mulatillo. Pero declaró infundado el recurso de casación interpuesto por Guido Quispe Escobar, exfuncionario de su gestión regional 2011-2014.
El 4 de setiembre del 2023, la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica confirmó la sentencia en primera instancia contra el exgobernador regional de Huancavelica, Maciste Diaz Abad, que lo condenó a cuatro años de prisión efectiva y desde ese entonces pasó a la clandestinidad.
El caso de la compra de computadoras portátiles o laptops se remonta a la primera gestión de Maciste Diaz como gobernador de Huancavelica, 2011-2014, cuando ejecutó el programa de Mejoramiento de la Aplicación de Tecnologías de Comunicación en instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria de su región.
En el marco de ese programa, su gestión adquirió 8,994 laptops, pero según análisis de la Contraloría habría concertado junto a algunos de sus funcionarios para favorecer a una empresa proveedora y cambiaron la licitación a convenio marco. La decisión actual de la Corte Suprema, no lo hace inocente.
