El director regional de Educación de Junín, Omar Tovalino Córdova, doce directores de Ugel y cerca a medio centenar de funcionarios de este sector viajaron a Puerto Ocopa en el distrito de Río Tambo, Satipo, para una reunión de trabajo, pero que resultó poco productiva.
Cada director de Ugel (Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Yauli, Junín, Tarma, Chanchamayo, Pichanqui, Satipo, Pangoa y Río Ene Mantaro) viajó junto a los jefes de Recursos Humanos, de Presupuesto y de Administración de sus respectivas dependencias, según disposición del propio director regional de Educación, Omar Tovalino, hecho mediante Oficio Múltiple N° 011-2024-GRJ/DREJ del pasado 16 de agosto.
Estos funcionarios viajaron el miércoles 28 de agosto y el jueves 29 desarrollaron un programa a todas luces poco productiva, pues según ésta tuvieron desayuno, palabras de bienvenida, presentación de las delegaciones, acción litúrgica y hasta entrega de presentes.
Los dos únicos temas abordados son balance del marco presupuestal y estrategias de mejora y acuerdo para la elaboración del Cuadro de Asignación de Personal (CAP).
Sobre el tema, el especialista en materia educativa Pedro Lizárraga criticó el desarrollo de esta actividad, pues indicó que el despliegue de personal, tanto de los directores de Ugel, funcionarios y hasta choferes, con el consiguiente gasto en viáticos y combustible pudo haberse evitado con una reunión virtual, tal como lo hace el Ministerio de Educación para capacitar a especialistas a nivel nacional.
Asimismo, cuestionó los dos únicos temas abordados en Río Tambo, pues cada Ugel compuesto por el director y tres funcionarios tuvo al rededor de cinco minutos para exponer su balance presupuestal y estrategias de mejora, lo que resulta insuficiente para abordar un tema tan elemental, mientras que desbarató el tema sobre el CAP toda vez que ello está normado desde el propio Minedu.
A opinión de Pedro Lizárraga, esta reunión fue una especie de pretexto para abordar temas como continuar con la racionalización de plazas o seguir comprometiendo recursos hasta el último día del año fiscal que impiden destinar los saldos de balance del gobierno regional a tiempo para el pago de la deuda social, tal como ocurrió el año pasado y que provocaron la reversión de más de 26 millones al tesoro público.
