El Gobierno Central dio por terminado el contrato de asistencia técnica con PMO Vías para la ejecución de la nueva Carretera Central, obra que se desarrolla bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno con Francia, tras determinar la existencia de causales contractuales graves vinculadas a actos de corrupción reconocidos por una empresa integrante del consorcio vinculado al proyecto.
La decisión fue adoptada por Provías Nacional, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante el Oficio Nº 073-2025-MTC/20, fechado el 3 de febrero de 2026 y dirigido al director de PMO Vías, Jaime Rodríguez, que señala que la resolución del contrato se sustenta en la aplicación del literal d) del numeral 13.1.1 de la Cláusula Décimo Tercera, que regula la terminación contractual por causa imputable al contratista ante la configuración de un “Acto Prohibido”.
Provías señala que EGIS VIA S.A.S., empresa integrante del grupo económico EGIS, reconoció la comisión de actos de corrupción de funcionario público extranjero en el marco de una Convención Judicial de Interés Público (CJIP), validada por el Tribunal de París. Para la entidad, estos hechos son materialmente equivalentes a delitos tipificados en el Código Penal peruano, en particular el cohecho activo transnacional.
El oficio precisa que el contrato no exige una condena penal en el Perú ni establece una restricción temporal sobre el momento en que se cometieron los actos de corrupción, siempre que estos sean conocidos durante la vigencia del vínculo contractual. Asimismo, se determinó la existencia de vinculación económica directa entre PMO Vías y las empresas del grupo EGIS, lo que permite imputar contractualmente dichas conductas.
Provías también advirtió que diversas empresas del grupo EGIS han sido sancionadas e inhabilitadas por organismos multilaterales como el BID, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, lo que evidenciaría graves deficiencias estructurales en sus sistemas de integridad y transparencia.
Finalmente, la entidad ordenó iniciar el procedimiento de resolución contractual en un plazo máximo de 15 días calendario y remitió copia del oficio a la Embajada de Francia y al MTC. En un comunicado posterior, el ministerio aclaró que el contrato de Gobierno a Gobierno con Francia se mantiene vigente, precisando que lo resuelto es únicamente el contrato de asistencia técnica con PMO Vías.
