Cincuenta y un impactos de bala recibió el ciudadano colombiano Nilson Eduardo Montenegro Valencia. Cristian Vilcatoma Águila presentó 16 perforaciones; Wilder Romero Sevipaucar, 12; William Núñez Soto, ocho; y Jaime Bendezú Paraguay, tres. Son las cifras consignadas por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Transitoria Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Junín, que investiga la muerte de cinco ocupantes de una camioneta intervenida por militares en Colcabamba-Huancavelica.
La tesis fiscal sostiene que los disparos no ocurrieron durante un enfrentamiento. Según la reconstrucción del Ministerio Público, la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban las víctimas quedó empotrada contra un árbol al borde de la carretera Huanta-Colcabamba la madrugada del 25 de abril. Para entonces, señala el informe, el vehículo ya no representaba amenaza alguna para los efectivos del Ejército.
La investigación atribuye los hechos a ocho integrantes de la Compañía Especial de Comandos “Pachacútec” N° 31, quienes participaban en un operativo en el sector Pongor. De acuerdo con la Fiscalía, los militares se acercaron al vehículo detenido, abrieron las puertas y revisaron el interior en busca de droga. No hallaron ninguna sustancia ilícita.
Sin embargo, el documento fiscal sostiene que los efectivos se retiraron por unos instantes y luego regresaron para efectuar nuevos disparos contra la camioneta y sus ocupantes. Uno de los sobrevivientes, Jhonatan Águila Gutiérrez, logró salvar la vida fingiendo estar muerto, aunque sufrió un roce de bala en la cabeza y otro impacto en el glúteo.
Las pericias incorporadas al caso también revelan que la camioneta presentó 76 orificios de entrada, 43 de salida y 21 de reingreso. Además, una necropsia detectó signos de quemadura alrededor de heridas producidas por proyectiles, un hallazgo compatible con disparos realizados a corta distancia. Todos estos elementos forman parte de la acusación fiscal que busca esclarecer uno de los operativos militares más cuestionados de los últimos años en la región.
Sobre ocho los militares que participaron de este operativo pesa ahora un pedido de 18 meses de prisión preventiva y podrían recibir condenas de hasta 35 años de prisión efectiva.
