El flamante gabinete del gobierno transitorio de José Jerí inicia su gestión en medio de la polémica. La nueva titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, quien durante la administración de Dina Boluarte se desempeñó como directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, estaría involucrada en la adjudicación de obras por impuestos a compañías sin respaldo financiero real, conocidas como “empresas cascarón”.
Entre los años 2023 y 2025, ProInversión adjudicó S/ 6,270 millones en proyectos bajo la modalidad de obras por impuestos; sin embargo, S/ 2,198 millones habrían sido entregados a 93 empresas que inflaron su capital de manera irregular, ejecutando 130 proyectos en 19 regiones del país.
El caso más escandaloso involucra directamente a la hoy ministra Miralles y a la empresa Amazonas Corporation S.A.C., propiedad del cantante y bailarín cubano Ediosbel Becerra Socorro, conocido como Eddy C. Tras reunirse en cuatro oportunidades con Miralles, esta compañía —fundada en 2023 y con solo tres trabajadores en planilla— obtuvo la adjudicación de una obra por impuestos en Loreto valorizada en S/ 43.9 millones.
Estas denominadas “empresas cascarón” inflan su capital utilizando bonos emitidos por gobiernos anteriores, valorizándolos de forma millonaria pese a que su uso ha sido cuestionado por la Dirección General del Tesoro Público y la propia ProInversión, que ha advertido de su invalidez.
CASO JUNÍN. Una situación similar se registró en esta región, donde el Gobierno Regional de Junín aprobó la participación del Consorcio Medical Technologies S.A.C., que pasó de tener un capital de S/ 300 mil a S/ 900 millones gracias al uso de un bono caduco emitido en 1985.
Según la SUNARP, en agosto de 2024 la empresa declaró: “Aumentar el capital en 900 millones por aporte de bono de desarrollo N°0549432, serie única, subserie 10, emitido el 30/10/1985 por el valor de 10 intis”.
Paradójicamente, el mismo ProInversión calificó este tipo de títulos como “bonos prescritos o caducos” y recordó en julio de este año que ninguna entidad pública ni privada puede utilizarlos para acreditar patrimonio neto mínimo en procesos de obras por impuestos.
A pesar de ello, la empresa fue declarada apta para la licitación “Adquisición de ambulancia urbana y ambulancia rural en cinco establecimientos de salud de la región”, por un monto de S/ 10,848,990.
Ante estas revelaciones, la congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque Ibarra, remitió el oficio N°310-2025 a la Fiscalía Anticorrupción, solicitando una investigación exhaustiva en cada región para identificar y sancionar a los funcionarios que habrían facilitado estas operaciones con capitales inflados de manera irregular.
