En aprietos. A ocho meses de culminar su gestión, el alcalde de Huancayo, Dennys Cuba Rivera, enfrenta un proceso que podría acarrearle graves consecuencias legales. La Tercera Fiscalía Provincial Corporativa de Huancayo solicitó 5 años, 7 meses y 19 días de pena privativa de la libertad efectiva en su contra por el presunto delito de usurpación agravada, en el marco del caso por la recuperación de la administración del terminal terrestre. Por este mismo hecho, el Poder Judicial le dictó comparecencia simple, al igual que a otros cinco exfuncionarios.
Tras concluir la etapa de investigación preparatoria, el fiscal Henry Gonzales Rivera también pidió la inhabilitación para ejercer función pública por el mismo periodo contra el alcalde Dennys Cuba Rivera, incluso si esta proviene de elección popular. El mismo requerimiento alcanza a Noemí León Vivas, exasesora legal; Harold Meza Espinoza, exsubgerente de Tesorería; Walter Landa León, exgerente de Administración; Raúl Claros Barrios, y el exgerente municipal Cristhian Velita en calidad de coautores del presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada.
Por otro lado, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria admitió a trámite el requerimiento de acusación directa del Ministerio Público contra el burgomaestre huancaíno y sus cinco exfuncionarios, dictando comparecencia simple como medida para garantizar su presencia obligatoria en las diligencias del proceso, bajo apercibimiento de ser conducidos compulsivamente por la Policía.
Una de las primeras diligencias fue la audiencia de control de acusación, realizada el pasado 19 de abril.
EL CASO. Los hechos se remontan al 10 de marzo de 2024, cuando el alcalde de Huancayo, acompañado de sus funcionarios, tomó posesión del Terminal Terrestre de Huancayo, que hasta ese momento era administrado por el consorcio Ter Huancayo.
Según el sustento fiscal, el ingreso se habría producido tras romper los candados de las garitas de seguridad, lo que configuraría un acto de fuerza y la presunta apropiación ilegítima de un espacio público concesionado.
