Piden conformación de Comisión Investigadora por el caso de operativo militar en Colcabamba

El diputado por Huancavelica, Héctor Guillén Valencia, presentó una moción para crear una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que, en un plazo de 180 días hábiles, esclarezca los hechos y determine responsabilidades por el operativo ocurrido el pasado 25 de abril en Colcabamba, provincia de Tayacaja, donde cinco civiles perdieron la vida durante una intervención en la que participaron efectivos de las Fuerzas Armadas. La iniciativa cuenta con el respaldo del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú y la firma de diversos diputados.

La investigación parlamentaria busca determinar el origen de la operación, la información de inteligencia empleada, la cadena de mando y las órdenes impartidas, además de establecer si el uso de la fuerza se ajustó a los principios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad. También se plantea revisar la preservación de la escena, el aseguramiento de armas y evidencias, los elementos balísticos y la cadena de custodia, así como posibles deficiencias en los protocolos de actuación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

“Cinco vidas se perdieron y eso no puede quedar en el olvido. Colcabamba y Huancavelica merecen saber qué ocurrió, quién tomó las decisiones y bajo qué circunstancias se utilizó la fuerza. Las familias merecen verdad, justicia y respuestas del Estado”, sostuvo Guillén. Precisó que la comisión no pretende sustituir las investigaciones del Ministerio Público ni la labor del Poder Judicial, sino identificar eventuales responsabilidades institucionales y formular recomendaciones legislativas y de política pública.

Los militares que participaron del operativo ya fueron puestos en libertad.

La moción también establece que el trabajo parlamentario deberá respetar el debido proceso, la presunción de inocencia, la autonomía de la Fiscalía y la independencia judicial. La propuesta se presenta en medio de cuestionamientos al proceso judicial, luego de que la Primera Sala Penal de Apelaciones de Junín anulara la prisión preventiva dictada contra ocho investigados y ordenara una nueva audiencia para evaluar el requerimiento fiscal. Guillén remarcó que esta decisión no constituye una sentencia absolutoria ni elimina las investigaciones sobre lo ocurrido, por lo que las responsabilidades aún deberán ser esclarecidas.