La justicia vuelve a alcanzar a Teodolinda Yobana Astudillo Jacay, extesorera de la Municipalidad Distrital de Marcapomacocha, quien ha sido condenada por segunda vez por el delito de peculado doloso, tras comprobarse su participación en la apropiación ilícita de millonarios fondos públicos.
Como se recuerda, en abril del año pasado la exfuncionaria ya había recibido una sentencia de 12 años de pena privativa de la libertad por el mismo delito, luego de acreditarse que emitía cheques de pago de manera irregular.
Esta nueva condena confirma un patrón reiterativo de conducta, evidenciando la reincidencia de la sentenciada en actos de corrupción durante su gestión como responsable de los recursos municipales. En esta ocasión, el fallo le impone 10 años de prisión efectiva, además del pago de una reparación civil de S/ 1,300,000 a favor del Estado.
Junto a ella, también fueron condenados como cómplices primarios Gregorio Artica Alania, Ofelia Lurdez Astudillo Panez, Emilio Julio Robles Guadalupe, Yanet Lois Silvestre Espíritu, Luis Julio Surichaqui Capcha y Alejandro Joel Aliaga Medrano, quienes recibieron cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida por su participación en el mismo esquema ilícito.
De acuerdo con la investigación fiscal, liderada por la fiscal Joshelyn Yurivilca Ramos, del Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Junín, los hechos ocurrieron entre los años 2008 y 2014, periodo en el que la acusada administró de forma irregular fondos provenientes del pago de impuestos prediales efectuados por las empresas SEDAPAL y EDEGEL S.A.A.
El monto total del perjuicio económico asciende a S/ 9,147,445.69, dinero que debía ingresar a las arcas municipales, pero que fue desviado mediante maniobras fraudulentas. Las pericias contables revelaron que entre 2008 y 2012 se apropió de S/ 4,799,688.15, mientras que entre 2012 y 2014 se registró un desvío adicional de S/ 4,576,202.94, incluyendo transferencias a terceros.
Uno de los mecanismos utilizados fue la emisión irregular de cheques desde cuentas municipales. Solo en los años 2013 y 2014 se giraron 86 cheques a favor de la propia tesorera y terceros sin sustento legal. A ello se suma la falta de documentación contable y la existencia de cuentas no registradas en el SIAF, lo que facilitó el ocultamiento de las operaciones ilícitas.
Cabe señalar, que el caso se encuentra en apelación ante la Corte Suprema.
