La denominada ‘Ley Soto’, promovida en el Congreso por algunas bancadas entre ellas Perú Libre el 2023, benefició directamente al exgobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico Canchumani, pues la Sala de Apelaciones de Huancayo declaró prescrito el delito de nombramiento ilegal, por el caso de su exdirector de Asesoría Jurídica, Freddy Fernández Huauya.
EL CASO. Unchupaico Canchumani fue sentenciado el 22 de enero de este año a cuatro años y seis meses de pena privativa de la libertad suspendida, a igual tiempo de inhabilitación y al pago de una reparación civil de 10 mil soles por la comisión del delito de negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo.
La sentencia dictada por el Quinto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Funcionarios, que despacha la jueza Susan Carrera Tupacyupanqui, encontró responsable a Unchupaico Canchumani de haber designado a Freddy Fernández como director regional de Asesoría Jurídica sin cumplir los diez años exigidos.
Dicha sentencia fue apelada por la defensa de Unchupaico argumentando que él no era responsable de la revisión del legajo del referido funcionario. Igualmente, el Ministerio Público apeló la sentencia pero pedía que la condena sea efectiva y no suspendida.
PRESCRIPCIÓN. Sala de Apelaciones de Huancayo, que tiene como titular al juez Eduardo Torres Gonzáles, consideró que el tipo penal no es negociación incompatible ni aprovechamiento indebido del cargo, sino nombramiento ilegal y de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 31751 «Ley Soto» que modificó el artículo 84° del Código Penal, este delito superó largamente el tiempo para ser declarado prescrito, debido a que los hecho ocurrieron el 2016.
En virtud a ello, la Sala evitó pronunciarse sobre el fondo del tema y de los pedidos de las apelaciones de ambas partes y revocó la sentencia del 22 de enero declarando extinguida la acción penal por prescripción, pero mantuvo el pago de la reparación civil de 10 mil soles para Ángel Unchupaico.
