Tras ser notificado de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos concedió su proceso de extradición al Perú, el expresidente Alejandro Toledo ha decidido no entregarse de manera voluntaria a las autoridades y apeló a la situación del vacado Pedro Castillo y al estado de emergencia producto de las protestas que se registran en todo el país para suspender el proceso.
Los abogados del exmandatario alegaron este jueves, ante la jueza Laurel Beeler de la Corte del Distrito Norte de California-División San Francisco, que acoja su pedido hasta que se resuelva el recurso de habeas corpus que quedó pendiente desde noviembre del 2022 en el Noveno Circuito del Tribunal de Apelaciones de San Francisco.
Toledo Manrique actualizó sus argumentos para sustentar su pedido de suspensión de la extradición alegando que desde que se negó inicialmente su habeas corpus “las circunstancias han cambiado”.
“Desde la destitución del (ex) presidente Castillo, el país ha estado en Estado de Emergencia, lo que resultó en la ‘suspensión de varios derechos constitucionales, incluyendo la libertad de tránsito, la libertad de reunión y el derecho a la privacidad en el hogar’”, reiteraron los abogados públicos federales de Toledo, Jodi Linker y Tamara A. Crepet.
