Una grave situación que pone en riesgo la construcción del puente Cantuta que une el distrito de Pilcomayo con El Tambo, pues el consorcio supervisor trabaja con contrato vencido y sin valorizaciones de obra desde el mes de diciembre del 2022, alertó la Contraloría General de la República a través de un informe de Control Concurrente presentado el último 25 de setiembre.
De la supervisión realizada por especialistas del órgano de control, se advierte que a raíz de una medida cautelar presentada por SIMA Perú, encargada de la construcción del puente, el gobierno regional mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 352-2023-GRJ/GRI del 31 de julio pasado, le amplía el plazo de ejecución de la obra hasta el 15 de diciembre del 2023.
Sin embargo, no firma ningún contrato, ni adenda ni convenio de ampliación con el Consorcio Supervisor Puente Cantuta, cuyo contrato venció en diciembre del 2022, por lo que desde esa fecha viene trabajado sin ninguna formalidad, ni vínculo con el Gobierno Regional de Junín (GRJ).
El informe de la Contraloría señala además que este consorcio supervisor realiza sus servicios de manera continua y permanente; no obstante, el gobierno regional tiene pendientes las valorizaciones de diciembre del 2022, presentadas a la entidad el 5 de enero de este año y desde esa fecha hasta las presentadas en agosto último, todas sin ser aprobadas.
La ampliación de plazo para la ejecución de la obra otorgada por el GRJ a SIMA, tampoco fue ratificada mediante un convenio o adenda al contrato inicial, solo se limitaron a emitir la resolución de la Gerencia de Infraestructura, por lo que la Contraloría alertó riesgo grave para su continuidad.
Cabe señalar, que el contrato suscrito entre el GRJ y el consorcio supervisor tiene un valor de 3 millones 977 mil 620 soles y el puente tiene un costo de 130 millones de soles.
