La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de 4 millones 205 mil 497 soles en 25 instituciones públicas de Junín durante el 2020, y determinó 287 presuntas responsabilidades penales, civiles y/o administrativas en un total de 157 funcionarios o servidores públicos.
Entre los casos advertidos figuran pagos y beneficios no autorizados a titulares, funcionarios de confianza y servidores públicos, otorgamiento de bonificación extraordinaria por emergencia sanitaria sin contar con sustento técnico y legal, inaplicación de penalidades por trabajos no efectuados, admisión, calificación y otorgamiento de buena pro a postor que no cumplió requisitos, conformidad y pago por trabajos incompletos, entre otros.
CASOS. Uno de los casos más notorios se dio en Sedam Huancayo, donde se detectó que el Directorio de la entidad aprobó el otorgamiento de una bonificación extraordinaria por emergencia sanitaria, conocido como «Bono Covid», a funcionarios y trabajadores, sin contar con sustento técnico y legal; además, sin contar con disponibilidad presupuestal, lo que ocasionó un perjuicio económico de S/ 237,462.50.
Asimismo, encontraron que funcionarios del gobierno regional otorgaron conformidad y autorizaron el pago de estudios incompletos y, en algunos casos, carentes de validez, en la formulación del expediente técnico de la obra de mejoramiento de la sede de la Corte Superior de Justicia de Junín en Huancayo, lo que ocasionó a la entidad un perjuicio económico de S/ 1 125 673.
Otro de los casos notorios detectados es que durante el 2018, en la obra “Mejoramiento de la IE Wari Vilca de Huayucachi», un funcionario de la Municipalidad Distrital de Huayucachi autorizó la suspensión de plazo de ejecución, pese a que la causal invocada no se enmarca en la norma de contrataciones del Estado, hecho que ocasionó la inaplicación de penalidades y generó perjuicio económico por S/ 484 032.77.
Finalmente, hallaron que durante los años 2017 y 2018, funcionarios y servidores de la Dirección Regional de Agricultura, invocando una medida cautelar, programaron, presupuestaron, tramitaron y pagaron por concepto de incentivos laborales montos superiores a los establecidos en la directiva correspondiente, pese a que el pago de incentivos en ese entonces, ya superaba la nivelación demandada, ocasionando perjuicio económico por S/337 806.48.
