La reactivada Comisión Regional Anticorrupción (CRAC) de Junín participó este miércoles de la denominada marcha blanca contra la corrupción con un pasacalle desde la Plaza de la Constitución hasta el parque Huamanmarca de Huancayo y donde participaron representantes de diversas organizaciones como el Ministerio Público, el Arzobispado, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Provincial de Huancayo.
Esta última entidad delegó como su representante al regidor Elio Laureano Rodríguez, sobre quien pesa un proceso de investigación en el Concejo Municipal de Huancayo por haber contratado con la Municipalidad Distrital de Hualhuas, un hecho prohibido por la Ley de Contrataciones del Estado y el propio Concejo Municipal.
Elio Laureano estuvo desde temprano en la Plaza de la Constitución junto al cardenal Pedro Barreto Jimeno y al fiscal Miguel Ángel Villalobos y marchó con ellos hasta el parque Huamanmarca, donde además participó de la ceremonia por este motivo.
La denominada marcha blanca contra la corrupción se desarrolló con el fin de llamar la atención de la población y las instituciones públicas para sensibilizarlos a luchar contra los actos de corrupción en todas sus formas y niveles. «Junín está en tercer lugar de corrupción a nivel nacional», indicó el representante de esta comisión Miguel Ángel Villalobos.
EL CUESTIONADO. El regidor Elio Laureano pese que la ley le prohíbe contrató con la municipalidad de Hualhuas -donde su esposa Moly Martínez Casas trabaja como responsable del área de tesorería- el 15 de mayo de este año para prestar servicios por un valor de 3 mil soles, tal como se puede confirmar en la página del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE),
Al respecto, la Ley de Contrataciones de Estado en su artículo 11° señala que los regidores provinciales y distritales están prohibidos de contratar con el Estado dentro de su competencia territorial, es decir dentro de toda la provincia de Huancayo, que incluye el distrito de Hualhuas. En tanto el reglamento Interno del Concejo (RIC) señala en su artículo 130° que es considerado falta grave «contratar con entidades públicas cuyas sedes se encuentren ubicadas dentro del espacio geográfico de la provincia de Huancayo».
