Un reciente informe de la Contraloría, ejecutado entre el 7 y 9 de setiembre de 2026, reveló graves deficiencias operativas, estructurales y de personal en cuatro Centros de Emergencia Mujer (CEM) de la región Junín —incluyendo los de Huancayo, Jauja y Sapallanga—, dejando a las víctimas en situación de alta vulnerabilidad frente a nuevas agresiones.
El hallazgo más alarmante recae sobre expedientes de menores de edad atendidos entre enero y julio de 2026, donde se incumplieron los protocolos de protección. En casos de riesgo severo no se halló el Plan de Seguridad, los Planes de Atención Integral carecían de firmas interdisciplinarias y se omitió el pedido de entrevistas en Cámara Gesell. Además, nueve expedientes con indicios de desprotección familiar (como abandono, embarazo infantil y convivencia con el agresor) no fueron derivados a la Unidad de Protección Especial (UPE).
Los centros también operan sin condiciones básicas: carecen de espacios lúdicos para niños, cartillas de seguridad impresas, buzones de sugerencias y cuadernos físicos de control. Asimismo, el CEM de Jauja opera sin abogado desde diciembre de 2025, derivando casos al Ministerio de Justicia con graves vacíos en la asesoría legal.
Ante esta situación, por fuentes internas, se conoció que los coordinadores de los CEM estarían solicitando a la actual ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la inmediata remoción de la Coordinación Territorial a cargo de Giovana Sanabria Ríos y de todo su equipo especializado, ya que no estarían trabajando a favor del personal y que los más perjudicados serían los usuarios.
Estas irregularidades agravan la crisis de violencia en la región, la cual registró 4,748 casos atendidos por el programa Warmi Ñan entre enero y agosto de 2026 —con más del 80% de víctimas mujeres y cerca de un 40% menores de edad—, además de cuatro feminicidios y cinco tentativas en el mismo periodo.
