El Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Rodrigo Mera Palomino, formuló acusación contra el exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón Rojas y contra otras trece personas en el denominado caso «chaleco», presunta contratación irregular de personal de seguridad entre el 2019 y 2020.
Sin embargo, luego de más de dos horas de oralización del fiscal Mera Palomino, el juez Walter Camarena Madrid decidió suspender la audiencia de control de acusación para el miércoles 10 de julio a las 9:00 de la mañana, audiencia en que se prevé que el referido representante del Ministerio Público culmine a señalar lo diez hechos en que están implicados las 14 personas y realizar su requerimiento de pena para cada uno.
IMPLICADOS. El fiscal señaló como presunto autor del delito de colusión agravada contra Vladimir Roy Cerrón Rojas y Carlos Wilfredo Zarate Villalobos, éste ultimo como cómplice.
Asimismo, contra Mercedes Irene Carrión Romero, William Acosta Laymito, David Moisés Llanco Flores, Wider Herrera Lavado, Edwin Mamani Cáceres, Yrineo Rodolfo Perales López, Fernando Orihuela Rojas, Silvia Carmen Ticze Huamán, Marcos Domingo Saravia Alvarado, Luis Gonzalo Martínez Huamán, Clever Ricardo Untiveros Lazo, Staling Josep Aliaga Ortega.
Ellos fueron sindicados como presuntos autores y cómplices -en algunos casos- de los delitos negociación incompatible, colusión agravada, falsedad ideológica y falsificación de documentos, por lo que podrían afrontar penas que van desde los dos hasta los 15 años de prisión, según sea el caso.
En audiencia anterior se conoció que la Fiscalía pide nueve años de cárcel efectiva contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, además su inhabilitación para ejercer la función pública por diez años.
Mera Palomino indicó además que las contrataciones de los policías para formar parte de la seguridad de Vladimir Cerrón se realizaron mediante órdenes de servicios requeridas con resoluciones ejecutivas regionales que se basaron en normas derogadas y con lo que generaron un perjuicio al Estado de 103,500 soles.
