El afán por copar la mayor cantidad de puestos de trabajo -en muchos casos con militantes de su agrupación política- ha llevado al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, a extralimitarse en sus funciones y designó a más trabajadores de confianza de lo que la ley le permite.
Precisamente el numeral 2 del artículo 4 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleado Público, señala que «El que desempeña cargo de confianza técnico o político, distinto al del funcionario público, se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente y en ningún caso será mayor al 5% de los servidores público existentes en cada entidad».
La Contraloría en un reciente informe, cuyo periodo de evaluación es desde el 1 de enero hasta el 14 de julio último, halló que el Gobierno Regional de Junín (GRJ) tiene en total 558 trabajadores, de los cuales 139 son nombrados, 162 contratados permanentes, 156 con CAS y 101 con puestos provisionales.
En este caso, el 5% del total de trabajadores del GRJ es de 27 (tal como especifica la Contraloría en su informe), que sería el número máximo de trabajadores de confianza que debería designar el gobernador Zósimo Cárdenas, según la Ley 28175; sin embargo hay en total 43 funcionarios y directivos en cargos de confianza, según detalla el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) Provisional de esta entidad.
SIN REQUISITOS. En el mismo informe, la Contraloría determinó que nueve funcionarios de libre designación y remoción -algunos de ellos ya retirados de sus cargos- no acreditaron el cumplimiento de requisitos mínimos.
En esta lista se encuentran Jorge Félix Passuni Huayta, gerente regional de Desarrollo Económico; Calep Teodoro Aquino Maldonado, gerente regional de Desarrollo Social; Paúl Armando Calderón Santa Cruz, director regional de Comunicaciones; Mery Nancy Cáceres Surichaqui, subgerente de Inversión Pública; Julio César Meza Ccanto, subgerente de Promoción de Inversiones.
Asimismo, Edgar Tovar Tinoco, director de Competitividad Agraria; Felícita del Pilar Pariachi Osorio, directora de la Agencia Agraria de Yauli; Jorge Elvis Clemente Álvarez, director de la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Agricultura; y Miluska Tito Ramos, directora de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Dirección Regional de Agricultura de Junín.
Finalmente, el referido órgano de control halló que el gobierno regional mantiene desactualizado el Cuadro de Asignación Personal (CAP) y el manual de clasificador de cargos, situación que impide contar con directivos acordes con los fines públicos.
Estos son los funcionarios que no reunían los requisitos:
