La reciente dimisión de Piero Corvetto a la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) debería extenderse, según señaló Jorge Solís Espinoza, excandidato de Renovación Popular, a los demás integrantes de la presunta organización criminal que habría defraudado al país mediante la manipulación de los votos de más de 33 millones de peruanos.
Asimismo, Solís Espinoza insistió en que el JNE debe declarar la nulidad parcial de las elecciones y que se convoque a elecciones complementarias en Lima, donde existen pruebas contundentes de manipulación con el objetivo de distorsionar la voluntad de la población capitalina, perjudicando a Renovación Popular y a su candidato presidencial Rafael López Aliaga.
La renuncia, presentada ante la titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), se produjo nueve días después de las elecciones generales, En dicho proceso, bajo el argumento de problemas técnico-operativos en el despliegue del material electoral, no solo se evidenciaron deficiencias logísticas, sino claros indicios de manipulación de la voluntad popular. Esta habría sido ejecutada por agentes de esta organización que, desde las elecciones de 2021, habría intervenido en los resultados con fines ideológicos, vinculados a sectores de la izquierda peruana.
Desde esta perspectiva, no se trataría de hechos aislados ni de simples negligencias -como se pretende hacer creer a la población-, sino del reflejo de un encargo con fines políticos que habría provocado desorden en las elecciones del 12 de abril con el fin de demorar la distribución de material electoral para generar ausentismo en mesas donde Rafael López Aliaga era favorito.
Asimismo, Solís Espinoza señaló que Corvetto se ha convertido en el principal responsable del deterioro de la credibilidad institucional del sistema electoral, considerado como un pilar fundamental de toda democracia, proyectando ante la comunidad internacional una imagen negativa del país.
En ese contexto, se espera que las autoridades judiciales actúen con eficacia para esclarecer los hechos, identificar a los presuntos responsables y determinar las redes de complicidad que estarían detrás de estas maniobras que habrían distorsionado la voluntad ciudadana.
Finalmente, se plantea la necesidad de designar autoridades competentes que no solo elijan a un nuevo jefe para la ONPE, sino que también implementen medidas urgentes que garanticen la transparencia, eficiencia y legitimidad de los futuros procesos electorales.
