La Misión Internacional de Observación y Defensa de los Derechos Humanos presentó un informe preliminar, en el cual aseguran que en el gobierno de Boluarte se cometieron graves violaciones a los derechos humanos desde el pasado mes de diciembre de 2022, y al igual que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional, afirman que hay graves vulneraciones a derechos como la vida, y la libertad durante las protestas.
El equipo de abogados y académicos de diversas organizaciones de Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Brasil y Bolivia estuvo en Perú entre los días 7 a 15 de marzo. En ese tiempo, visitaron Lima, Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca y Cusco, territorios en donde la movilización social en contra del gobierno de Dina Boluarte ha dejado decenas de muertos y cientos de heridos.
Camilo Pérez Bustillo, director ejecutivo del National Lawyers Guild y cofundador del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, manifestó que se han detectado unas crueles prácticas y graves violaciones a los derechos humanos que llegan al rango de crímenes de lesa humanidad. Ello incluye un sesgo racista y clasista, con violencia de género, del sistema de justicia y los patrones de represión.
A modo de conclusión, la misión exhortó al gobierno de Boluarte a no darle un tratamiento militar a las protestas, que se respete la voluntad electoral del pueblo, expresada a través del voto y se convoque a nuevas elecciones. Así como la necesidad de una efectiva investigación judicial de las graves violaciones a los derechos humanos, y que los responsables sean encausados y condenados.
