La Contraloría General reveló un perjuicio económico superior a los S/ 6 millones en el Gobierno Regional de Junín debido a diversas irregularidades advertidas durante la segunda ejecución de la obra de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Satipo y como consecuencia 16 exfuncionarios y exservidores públicos, de entre los años 2017 y 2023, tendrían presunta responsabilidad penal.
La primera parte de la ejecución de la obra de saneamiento se dio entre los años 2011 y 2014. Tras la suspensión de los trabajos, se reactivó del 2017 hasta el 2021 y se paralizó nuevamente debido a la resolución del contrato por incumplimiento de obligaciones del contratista. Actualmente la obra se ejecuta con un monto total de la inversión del segundo saldo obra, el cual asciende a S/ 49,940,957.71 y cuyo avance físico a marzo del 2024 era del 77% y el avance financiero del 83%.
El Informe de Control Especifico N° 019-2024-2-5341 evidenció la falta de una adecuada actuación de los procuradores públicos del Gobierno Regional Junín que no defendieron los intereses del Estado en el proceso arbitral originado por las controversias surgidas durante la ejecución de la obra.
Asimismo, se observó la parcialización del Tribunal Arbitral que admitió las pretensiones del contratista vulnerando la normativa correspondiente e incluso otorgó una medida cautelar sobre la carta fianza por el adelanto de materiales para el recupero del monto no amortizado, mientras que la conciliadora extrajudicial tramitó otro proceso de conciliación a pesar que las controversias surgidas se encontraban con el plazo de caducidad vencido, debiendo rechazarla y archivarla.
Por otro lado, los exfuncionarios y exservidores tramitaron y aceptaron la carta fianza por el adelanto de materiales para el recupero del monto no amortizado, el cual fue emitido por una cooperativa de ahorro y crédito que no contaba con la capacidad financiera y se encontraba limitada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para emitir y renovar cartas fianza, imposibilitando la ejecución de la garantía para el recupero del monto no amortizado ocasionando perjuicio por S/ 6,049,320 y afectación a la finalidad de la obra al no concluirse con su ejecución.
Los resultados del informe de control fueron notificados oportunamente al titular del Gobierno Regional de Junín para el deslinde de responsabilidades de las personas que comprenden en los hechos observados. También fue derivado al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Junín para que se determinen las responsabilidades que correspondan.
