El Poder Judicial ordenó la inmediata ubicación y recaptura de Julio César Manrique Maraví (45), alias “Huaype”, quien en mayo pasado protagonizó una misteriosa fuga de la comisaría de Sicaya. La medida forma parte de una resolución que impone 30 meses de prisión preventiva a 12 presuntos integrantes de la organización criminal “Los lechuceros del centro”.
La decisión fue obtenida por el Equipo 1 de la Fiscalía Provincial Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín, que investiga a la red por los delitos de organización criminal, robo agravado, hurto agravado, receptación agravada, clonación de IMEI y delitos informáticos en agravio de decenas de víctimas.
El fiscal adjunto provincial Rogger Pituy Ataucusi presentó elementos de convicción que fueron valorados por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo. La medida alcanza a Renán Santos, Juan Rafael, Julio César Manrique, Niels Rafael, Brayan Ramos, Joel Huaccho, Ana Ochoa, Jade Ortiz, Rodolfo Ibarra, Danilo Medina, Edher Sáenz y Richard Gamarra. Varios de ellos permanecen no habidos, por lo que también se dispuso su captura inmediata.
Según las investigaciones, la organización habría operado desde el año 2024 en Huancayo y estaría integrada por más de 33 personas plenamente identificadas. La Fiscalía les atribuye al menos 73 hechos delictivos, incluyendo robos de celulares, receptación de equipos sustraídos y alteración de IMEI para su posterior comercialización.
Uno de los casos más graves ocurrió en agosto de 2025, cuando un joven minero y dos amigos fueron captados al salir de una discoteca. De acuerdo con la investigación, fueron trasladados a un local clandestino de El Tambo presuntamente administrado por Manrique Maraví, donde mujeres los habrían dopado para apoderarse de sus celulares y vaciar sus cuentas bancarias. Días después, el joven fue hallado sin vida en un canal de regadío del distrito de Chambará, en Concepción.
La Fiscalía sostiene que la red utilizaba falsos taxis para captar víctimas en estado de ebriedad y luego comercializaba los equipos robados tras modificar sus códigos de identificación en talleres informáticos vinculados a la organización.
