Congreso aprueba nueva inhabilitación por 10 años contra Delia Espinoza

Entre aplausos, el Pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría la resolución legislativa que inhabilita por segunda vez y por un periodo de 10 años para el ejercicio de la función pública a la exfiscal de la Nación y actual decana del Colegio de Abogados de Lima, Delia Espinoza Valenzuela.

La medida fue aprobada con 70 votos a favor, 18 en contra y dos abstenciones, tras concluir que la también exfiscal suprema habría incurrido en una presunta infracción de los artículos 45, 93 y 139 -incisos 3 y 5- de la Constitución Política del Perú.

Previamente, el Parlamento aprobó la reconsideración presentada por el congresista Jorge Montoya respecto a la primera votación realizada el pasado 12 de marzo, ocasión en la que no prosperó el proyecto de resolución legislativa que planteaba la sanción contra Espinoza. Dicho pedido fue respaldado con 83 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, durante la sesión vespertina conducida por el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón.

La inhabilitación se sustenta en el informe final de las denuncias constitucionales 563 y 618, acumuladas y promovidas por los congresistas Kira Alcarraz y José Cueto. Ambos cuestionaron la actuación de la entonces titular del Ministerio Público por haber presentado la Denuncia Constitucional 549 contra 11 parlamentarios que votaron a favor del proyecto de ley relacionado con la contratación de pensionistas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Durante la sustentación del informe, Jorge Montoya sostuvo que Delia Espinoza vulneró la garantía de inviolabilidad parlamentaria contemplada en el artículo 93 de la Carta Magna, el cual establece que los congresistas no responden ante ninguna autoridad por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones.

Esta nueva sanción se suma a otra inhabilitación aprobada por el Congreso el pasado 3 de diciembre de 2025, cuando el Pleno dio luz verde a la Resolución Legislativa N.º 13439/2025-CR, que también la aparta por 10 años del ejercicio de la función pública.