Según, 11 de los 13 protocolos escolares autonómicos de atención a los alumnos transexuales que actualmente se encuentran en vigor en España; los directores de colegios e institutos pueden denunciar ante los servicios sociales a los padres que nieguen a sus hijos un cambio de sexo.
Feministas advierten de que estas instrucciones, que son de obligado cumplimiento, “suponen un riesgo para el pleno ejercicio de la patria potestad”. Además, permiten a los menores cambiar de nombre y aspecto en el aula sin hacer antes un cambio registral e incluso, en buena parte de regiones, sin el consentimiento de sus progenitores.
Ningún protocolo de las consejerías educativas exige un cambio registral, ni tampoco un informe médico o psicológico, para iniciar lo que se conoce como “transición social” del menor, un proceso que comienza modificando nombre y pronombres, la vestimenta y el tratamiento que le dispensan profesores y compañeros y que, advierte la Alianza, “es el primer paso para conducir a los menores a la transición médica, a la hormonación y a las cirugías irreversibles que acaban conduciendo a suicidios”.
