Estaba cantado. El Gobierno Regional de Junín decidió poner fin a los contratos indeterminados de 155 trabajadores CAS que vienen desde la gestión anterior y les impidieron su ingreso a la sede con la anulación de sus datos en el marcados dactilar, ubicado al ingreso a la entidad.
Desde anoche, los trabajadores alertaron de este hecho al notar manipulación en el marcador digital y esta mañana ninguno de los 155 trabajadores CAS logró marcar su ingreso, por lo tanto no pudieron ingresar a laborar.
El gerente general regional Roy Gonzales Mayta emitió la Resolución Gerencial General Regional No 050-2023/GR/GGR, fechada el 31 de marzo, allí declara nula la Resolución Directoral Administrativa No 182-2022-GRJ/ORAF con la que la gestión anterior declaró a 155 trabajadores con la condición de contrato CAS a plazo indeterminado.
VERSIÓN. Al respecto, el subdirector de Recursos Humanos del gobierno regional, Luis Rivera Pizarro, señaló que no se trata de despidos arbitrarios, sino que cada trabajador conocía que estaba siendo sometido a evaluación de sus legajos. «La Resolución Administrativa 182 está indebidamente mal hecha porque obviaron requisitos indispensables, dijo el funcionario.
Justificó estos despidos señalando que tras la revisión de los legajos de todos estos trabajadores, encontraron que ninguno de sus contratos tiene naturaleza de carácter permanente.
VOLVERÁN. Según el abogado y experto en temas administrativos, José Luis Olivera Ramírez, la resolución 050 firmada por el gerente general regional, no tiene la debida motivación, pues la Ley N° 27444 señala expresamente la extinción de los contratos de oficio se da cuando se ha quebrantado la norma.
«La Resolución 182, que declara que sus contratos son a plazo indeterminado está enmarcado dentro de la norma, según lo previsto por el Decreto Legislativo N° 1057, que según su modificatoria señala que los contratos se dejan sin efecto por causas disciplinarias y no es el caso de estos trabajadores», señaló el letrado.
En su análisis señala además que estos trabajadores realizarán un proceso contencioso administrativo y el Poder Judicial finalmente dispondrá su reposición. «La ley es clara y estoy seguro que estos trabajadores van a retornar a sus labores y luego de culminado el proceso contencioso administrativo van a pedir una indemnización y habrá perjuicio para la institución», agregó.
Mientras tanto, los trabajadores luego de permanecer en la puerta de ingreso de la sede regional solicitaron la presencia de la Policía Nacional para realizar la constatación del hecho.
Conversación realizada a principios de marzo.
