El Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín formalizó investigación preparatoria contra Julio César de la Rosa Luján, candidato de Alianza para el Progreso (APP) a la alcaldía de Huancayo, por el presunto cobro indebido de tributos durante su gestión como jefe del Servicio de Administración Tributaria de Huancayo (SATH).
La disposición fiscal, emitida el 28 de agosto último, comprende a once investigados y establece un plazo de ocho meses. De la Rosa y Juan Braulio Gonzales Franco, entonces gerente de Operaciones, figuran como presuntos autores, mientras que otros nueve trabajadores son investigados como presuntos cómplices primarios.
El caso está relacionado con la determinación del impuesto predial correspondiente al año 2024. Según la hipótesis fiscal, durante enero y febrero de ese año se habrían modificado declaraciones juradas de contribuyentes incorporando partidas constructivas adicionales a las permitidas por la metodología vigente.
La Fiscalía señala que la Resolución Ministerial 469-2023-VIVIENDA contemplaba tres partidas para la valorización de edificaciones, pero el SATH habría utilizado siete. Un informe del Ministerio de Vivienda sostiene que cuatro partidas suprimidas fueron trasladadas al rubro de otras instalaciones, procedimiento que, según el despacho fiscal, habría incrementado el valor de determinados predios y, en consecuencia, el impuesto calculado.
Entre los casos incorporados figura el de Walter Nicanor Onofre Medina, cuyo predio fue valorizado en S/384 mil 475,35. El contribuyente cuestionó el cálculo y solicitó la rectificación de su declaración, pedido que finalmente fue aceptado por el SATH. También aparece el caso de Grimaldo Chombo Valladares, quien declaró que en su registro de 2024 figuraba un monto de S/32 767,75 que, según su versión, no había declarado ni autorizado.
La Fiscalía recogió además testimonios de trabajadores. Kattia Salvatierra Córdova señaló que recibió por WhatsApp una instrucción para apoyar la actualización masiva de declaraciones juradas, mientras que Grethel Paola Martínez Urtecho indicó que el criterio para incorporar las partidas provenía de la “Alta Dirección”, según consta en la disposición.
Otro elemento incorporado es un acta de escucha y reconocimiento de voz relacionada con una conversación atribuida a De la Rosa, quien habría reconocido su voz. En el audio se hace referencia a aproximadamente S/1,6 millones vinculados con la recaudación y a la expresión “secreto industrial”.
La investigación comprende también a Karen Gisella Torres Bonilla, Gloria María Pomasunco Mayta, Kattia Salvatierra Córdova, Ivett Gisely Huatuco Bravo, Erika Cristina Cerrón Gómez, José Luis Buendía Manturano, Pedro Paucar Hinostroza, Grethel Paola Martínez Urtecho y Michael Anthony Saravia Romero.
