El congresista por Junín Ilich López fue el único representante de la región que votó a favor de la ley aprobada por el Congreso en segunda votación, mediante la cual los policías y militares investigados por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones serán procesados por la jurisdicción penal militar policial y no por la justicia ordinaria. La norma, respaldada por diversas bancadas, quedó lista para su promulgación.
La iniciativa modifica las competencias judiciales para que determinados delitos atribuidos a integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sean evaluados por tribunales especializados. Sus promotores sostienen que la medida brinda seguridad jurídica a quienes participan en operaciones de control interno y defensa nacional, especialmente en situaciones de riesgo.
Sin embargo, la aprobación ha generado fuertes críticas de organizaciones de derechos humanos, especialistas y diversos sectores políticos, que han bautizado la iniciativa como la “Ley Procrimen”. Los cuestionamientos apuntan a que la norma podría favorecer escenarios de impunidad en casos relacionados con violaciones a los derechos humanos o uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado.
Las observaciones también se producen en un contexto marcado por las investigaciones que aún se desarrollan por las muertes y lesiones registradas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. Diversos colectivos consideran que el traslado de competencias al fuero militar policial podría afectar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, además de entrar en conflicto con estándares internacionales asumidos por el Perú.
Por su parte, los defensores de la norma rechazan que se trate de un mecanismo de protección indebida y afirman que busca garantizar que los miembros de las fuerzas del orden sean juzgados por magistrados especializados, respetando el debido proceso y las particularidades de la función militar y policial.
