Después de Lima, Junín es la segunda región a nivel nacional con más cantidad de funcionarios identificados en presuntos casos irregulares y por haber ocasionado pérdidas económicas a las entidades públicas. Así determinó la Contraloría General de la República luego de 28 informes de control posterior emitidos entre enero y noviembre de este año.
Este organismo realizó durante este año en total 1695 servicios de control, de los cuales 1433 corresponden a simultáneo, 261 a control posterior y uno a un control previo, cuyos resultados fueron notificados a las entidades auditadas para que corrijan oportunamente los riesgos advertidos y sancionen en los casos que correspondan.
IMPLICADOS. Son en total 175 los funcionarios y servidores públicos de Junín que tienen presunta responsabilidad en actos irregulares y perjuicios ocasionados a las entidades públicas.
Estas personas tendrían un total de 324 responsabilidades. Las responsabilidades penales son 130 y civiles 27 deben ser resueltas por el sistema de justicia, mientras que las administrativas que son 149 deben ser resueltas por la propia entidad y a nivel de un Procedimiento Administrativo Sancionador en la Contraloría existen 18, cuya sanción máxima es la inhabilitación para trabajar en el Estado nuevamente.
Las principales entidades afectadas por estos malos funcionarios son el Gobierno Regional de Junín, las municipalidades provinciales de Huancayo, Chupaca, Jauja y Chanchamayo, la EPS Sedam Huancayo S.A., la Dirección Regional de Salud (Diresa Junín), la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, entre otros.
