La Contraloría General de la República intervino la Unidad Médico Legal de Satipo, perteneciente al Ministerio Público, que estaría operando en condiciones que afectan directamente la cadena de atención de necropsias forenses.
Tras una reciente inspección de control a la morgue de Satipo, se detectó que el establecimiento no cumple con las condiciones de seguridad en edificación que carece de medidas de protección para su equipamiento, por lo que no se realiza la adecuada segregación de residuos o desagües en fuente, y no cuenta con servicios higiénicos ni un recinto con personal de guardia para el público y el personal.
Además los auditores evidenciaron limitaciones tecnológicas y administrativas que entorpecen la transparencia de las operaciones tanatológicas, debido a recurrentes fallas y problemas con el servidor institucional, el personal se ha visto imposibilitado de registrar en el sistema informático un total de 18 necropsias de las 33 realizadas hasta la fecha de la intervención.
Asimismo, se detectó que la unidad incumple con el registro de las actas de epicrisis o resúmenes de historias clínicas que detallan la procedencia de los cadáveres que ingresaron durante el periodo de mayo y junio.
La situación del equipamiento básico e instrumental forense también es preocupante, durante la inspección se comprobó que la sede forense carece de balanzas para el pesaje de cuerpos y órganos, de recipientes o cubetas graduadas, y de herramientas esenciales para la apertura y disección, tales como cuchillos de necropsia de diversos tamaños, viscerótomos o aspiradores eléctricos de líquidos. El escaso instrumental disponible se encuentra apenas en estado «regular», mientras que la capacidad de conservación de cadáveres es mínima, al contar con una sola cámara de refrigeración operativa con un límite para dos cuerpos.
Finalmente, en el aspecto operativo y de personal, se constató que la Unidad Médico Legal de Satipo requiere de un personal técnico especializado.
La Contraloría ha documentado estos hallazgos a fin de que las autoridades competentes del Ministerio Público adopten las medidas correctivas inmediatas para mitigar los riesgos sanitarios y legales en la provincia.
