La Contraloría General de la República identificó que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo contrataron desde julio hasta diciembre del 2020, sin concurso público previo, a 88 colaboradores bajo el régimen CAS para realizar actividades de fiscalización destinadas a la recuperación de espacios públicos; sin embargo, realizaron labores administrativas o propios de las unidades orgánicas, afectando el correcto uso y destino de S/ 461 775 29 al permitir gastos para fines distintos a los transferidos.
Según el Informe de Auditoría N° 018-2021-2-0411-AC (Período de evaluación del 01 de julio al 30 de diciembre de 2020) se señala que los funcionarios, haciendo uso de la exoneración del Decreto de Urgencia N°115-2020 destinado solo a la recuperación de espacios públicos, sostenibilidad, ordenamiento urbano y seguridad en distritos, realizaron la contratación simulando que prestarían dichos servicios de fiscalización durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.
Las 88 personas contratadas por el referido monto, desde el inicio hasta el fin de sus servicios, realizaron labores administrativas o propias de las funciones de las unidades orgánicas de la Gerencia de Tránsito y Transportes, Gerencia de Seguridad Ciudadana, Gerencia de Servicios Públicos y Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, lo que afectó el principio de mérito y capacidad e incumplimiento de contrato.
La comisión de control evidenció, además que, en la contratación del servicio de alquiler de 15 radios móviles, la municipalidad de Huancayo no contempló el perfil y los términos de referencia del proveedor para la firma del contrato por S/ 21 750,00, afectando los principios de transparencia, competencia e integridad con las que debe regirse las contrataciones del Estado.
Los resultados del informe fueron remitidos al titular de la entidad, para el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de Huancayo comprendidos en el documento, así también al procurador público en delitos de corrupción de funcionarios para que inicie las acciones legales contra los funcionarios y servidores alcanzados.
