Entre 1980 y el año 2000, el Perú vivió una de las páginas más oscuras de su historia. Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru convirtieron la violencia en lenguaje, dejando un reguero de sangre, miedo y destrucción. Las comunidades campesinas, las ciudades pequeñas y hasta la capital sintieron el pulso del terror con coches bomba, asesinatos selectivos, desapariciones. Pero en medio de ese fuego se alzó otro, el del Estado, que, a través de su Ejército y fuerzas policiales, emprendió una guerra sin cuartel contra esos grupos.
Fue una lucha desigual para la población. Entre emboscadas y operativos, miles de inocentes quedaron atrapados, acusados sin pruebas, torturados, ejecutados extrajudicialmente. El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación lo dejó claro, y es que las víctimas no tenían un solo verdugo, y la violencia vino desde más de un frente.
Hoy, el gobierno peruano ha promulgado una ley de amnistía para policías y militares investigados o condenados por violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo. Muchos celebrarán esta medida como un acto de justicia para quienes arriesgaron la vida contra el terrorismo; otros, la sentirán como una herida que vuelve a abrirse, un borrón y cuenta nueva que borra también la dignidad de las víctimas.
El perdón oficial, cuando se impone desde arriba, corre el riesgo de convertirse en una forma de olvido. La memoria no es venganza; es reconocimiento. La reconciliación no se construye ocultando los crímenes, sino enfrentándolos con verdad. La justicia no puede ser selectiva.
No se trata de negar el sacrificio de miles de soldados y policías que sí actuaron con honor, sino de recordar que ningún uniforme otorga licencia para atropellar la vida humana. Si hoy el Estado cierra los ojos ante esos abusos, mañana podría repetirlos.
La población parece estar entre formar parte de un país que recuerda para sanar, o uno que olvida para seguir sangrando en silencio.
