La vacancia presidencial se hacía venir. Advertí en una entrevista anterior, la presidenta de la República no pasaría diciembre del 2025, por todos los sucesos que viene pasando el país, fundamentalmente por la inseguridad ciudadana, denuncias de corrupción y desidia del estado ante los problemas álgidos y que estalló la pradera con el atentado al grupo musical “Agua Marina”, dejando perplejos no sólo a los asistentes a dicho concierto, sino a la opinión pública en general que estamos ante una institución policial muy deficiente en su operatividad.
La vacancia presidencial era ya casi inminente, con el preludio anunciado de las marchas del sur del país, las masivas movilizaciones de la Generación “Z”, los transportistas y ahora con la llegada de los ronderos a lado del alcalde de Pataz, la situación ya es incontrolable, hemos llegado a un callejón sin salida. Y que el cambio de mando solo representaría el tubo de escape de la convulsión social que estamos viviendo.
La vacancia presidencial, no es el antídoto al problema, es la salida momentánea. En los últimos años el congreso ha tenido esta arma de doble filo. Razón no falta porque se ha derrocado a cinco mandatarios en una década. Esto es el resultado de una serie de factores que se ha venido consumando con la crisis social que vive el país.
La figura de la vacancia presidencial está regulada por el artículo 113 de la Constitución Política del Perú, promulgada en 1993. Este artículo establece cinco causales para declarar la vacancia de la Presidencia: muerte del presidente, incapacidad moral o física declarada por el Congreso, aceptación de la renuncia por parte del Parlamento, salida del territorio nacional sin permiso o el no retorno en el tiempo señalado, y destitución tras haber cometido infracción de la Constitución. De todas estas, la más polémica y controversial ha sido la de la “incapacidad moral permanente”, teniendo opiniones controversiales entre constitucionalistas, politólogos y sociólogos, a los ojos de la sociedad, daña la dignidad y decoro del cargo más alto de la Nación. Sin embargo, otros expertos, mencionan la aplicación de la vacancia por este motivo está muchas veces supeditada a la coyuntura política y la correlación de fuerzas dentro del Congreso. Así, el mecanismo termina constituyendo una sanción política más que jurídica, con un alto contenido ético, pero débilmente tipificado legalmente.
Lo que está pasando en el país es la baja cohesión partidaria y la fragmentación del Congreso han generado un contexto único en el que la vacancia se utiliza no solo ante faltas graves como el que estamos viviendo, una desatención a las constantes olas de criminalidad e inseguridad ciudadana, dejando senda pérdidas no solo humanas sino económicas que ya suman cerca de más de 20.000 millones de soles, lo que equivaldría construir centenares de colegios.
Recordemos los casos más emblemáticos de las vacancias, en el año 2000, Alberto Fujimori fue destituido por incapacidad moral luego de que enviara su renuncia desde Japón en medio del escándalo de corrupción conocido como los “Vladivideos”. La carta fue rechazada y el Congreso aplicó la vacancia. Pedro Pablo Kuczynski, años después, presentó su renuncia al descubrirse la existencia de presuntos actos de corrupción y comprometedores vídeos (“Mamanivideos”). El caso de Martín Vizcarra, destituido en 2020 tras denuncias de presuntos sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua y a pesar de mantener elevados niveles de aprobación popular, su salida fue producto tanto de evidencias de corrupción como del desgaste de su relación con el Legislativo. Pedro Castillo, por su parte, fue vacado tras intentar disolver el Congreso y tratar de instaurar un gobierno de facto, lo que precipitó una rápida reacción institucional que terminó con la declaración de su incapacidad moral y la activación de la sucesión presidencial.
El presidente express José Jerí, puede también pasar la misma historia que el ex presidente Merino, eso va depender de muchos factores como la composición del gabinete, las primeras medidas respecto a la inseguridad ciudadana y la respuesta a las movilizaciones y paros anunciados, si maneja de una manera estratégica lo señalado, tenemos Jerí hasta el 2026.
