Los fenómenos climáticos han dejado de ser eventos excepcionales para convertirse en un desafío recurrente para el Perú. En esta oportunidad, el país enfrentará simultáneamente los efectos del fenómeno El Niño Costero y El Niño Global, cuyas anomalías climáticas afectan a la población, comprometen actividades como la agricultura y la pesca, y deterioran infraestructura esencial para el desarrollo del país.
Este escenario no debería tomar por sorpresa al Perú. El país cuenta con diagnósticos claros sobre las zonas más vulnerables. El Plan Multisectorial ante Lluvias Intensas y Peligros Asociados 2025-2027, identificó 508 distritos expuestos a inundaciones, de los cuales 78 presentan un riesgo muy alto y 430 un riesgo alto. Asimismo, más de 2.3 millones de personas están expuestas a un riesgo muy alto de inundaciones y más de 3 millones a movimientos en masa, según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).
Además, nuestro país tiene instrumentos de política pública como el Programa Presupuestal 0068, orientado a la reducción de la vulnerabilidad y la atención de emergencias por desastres. Este programa financia intervenciones como el mantenimiento de infraestructura de protección, la limpieza y descolmatación de cauces, la estabilización de taludes, el fortalecimiento de capacidades institucionales y la implementación de sistemas de alerta temprana.
Sin embargo, la brecha persiste cuando los recursos asignados no se traducen oportunamente en acciones concretas. La ejecución del presupuesto municipal para inversión pública en prevención de desastres promedió el 68% durante la gestión actual (2023-2025), según el MEF. Es decir, casi un tercio de los recursos disponibles queda sin utilizarse cada año al cierre de diciembre.
La falta de ejecución en distintas municipalidades demuestra que contar con información y presupuesto no es suficiente si la prevención no se convierte en una prioridad permanente de la gestión pública.
Con un nuevo gobierno y el próximo proceso de renovación de autoridades regionales y municipales, la prevención representa una primera oportunidad para demostrar que la gestión pública puede resultar efectiva, al menos para minimizar los riesgos. Las acciones de prevención deberían asumirse como una política de Estado, con una transición ordenada que garantice la continuidad de los proyectos. Más aun con riesgos y efectos que podrían extenderse hasta los primeros meses de 2027.
Los fenómenos climáticos seguirán llegando y lo que sí se puede cambiar es la capacidad del Estado para anticiparse, prepararse y dar continuidad a las acciones que reducen sus impactos.
